El objetivo de esta campaña es en esencia, detectar si autoridades, funcionarios o servidores públicos hacen uso indebido de recursos o bienes del Estado para fines electorales, lo que está terminantemente prohibido.

Esta campaña viene siendo promovida desde enero del año 2014, por el principal motivo de que tanto en nuestra ciudad como a nivel nacional, hay un uso indiscriminado de recursos estatales para financiar campañas políticas, al respecto Ampuero relató: “No es casualidad, los presupuestos se multipliquen en varios distritos de la ciudad y en general del país. La diferencia entre propaganda de gestión y promoción de un candidato es un gris que los políticos saben explotar, si un candidato no pide explícitamente el voto, entonces, sí puede hacer legalmente publicidad de su gestión, basta salir y ver gigantografías de candidatos que lucen sonrisas intactas con mensajes difusos o subliminales, como ‘El cambio justo’, ‘Trabajo es progreso’ o ‘Mas obras’, los ejemplos sobran”, concluyó.

Desde la puesta en marcha de este plan, la Contraloría General de la República recibió 450 alertas ciudadanas en todo el Perú, sobre el uso proselitista de bienes estatales. Según las estadísticas de este órgano, 56% de estas denuncias tuvieron como sede principal Lima, mientras que Piura, Callao, Ancash y Arequipa se repartieron el porcentaje restante.

Luego de emitir los informes correspondientes, al menos 60 denuncias se derivaron al JNE, que de oficio abrió diversos procedimientos sancionadores y otros actos resolutivos contra los funcionarios involucrados.

En nuestra ciudad las municipalidades directamente implicadas fueron dos: la de José Luis Bustamante y Rivero (Oficio N°00815-2014) y la del distrito de Miraflores (Oficio N°01029-2014), en ambos casos se detectaron la colocación de paneles en diversas zonas del distrito con los nombres de los alcaldes y los partidos a los que estaban suscritos.

Sobre el tema Ampuero Gonzáles comenta “Hoy en día, los candidatos buscan servirse del pueblo, ser elegido autoridad para quienes han sido mal educados y no les interesa el progreso del país, es sinónimo de lucro desmedido y negocios turbios, por eso desde la Contraloría vamos a cuidar el dinero de los peruanos”.

La Contraloría ha recordado que según las normas vigentes, no se puede utilizar vehículos oficiales, locales públicos, medios de transporte, dinero de la caja chica, computadoras, impresoras, teléfonos, medios de comunicación, páginas web, correos electrónicos, entre otros bienes o recursos que pertenecen al Estado a favor o en contra de ningún candidato, tampoco pueden obligar al personal de su institución a participar en la campaña electoral de algún partido.

En cuanto a las sanciones, el reglamento establece que van desde el retiro de la propaganda electoral, la amonestación pública hasta la suspensión del ejercicio de las funciones de cargo del funcionario público, sin perjuicio de otras sanciones penales y administrativas que se deriven del mismo. Las autoridades que infrinjan la norma serán sancionadas con multas que oscilan entre las 30 y las 100 Unidades Impositivas Tributarias.

Del mismo modo, Ampuero recalcó que todos los ciudadanos pueden realizar una denuncia si ven este tipo de irregularidades en sus distrititos “Se protege por completo la identidad de la persona que denuncia y luego de concluido el proceso, se le otorgará el 10% de lo recuperado, por ayudar a la resolución de un conflicto”, sentenció.